Incertidumbre administrativa por situación en Bogotá

La mañana del pasado 3 de mayo cuando se conoció la noticia de que la ciudad se quedaba sin Alcalde Mayor en propiedad, por presuntas irregularidades en sus funciones, llevó a millones de bogotanos a devolverse en el tiempo 19 años, cuando ocurrió la última crisis administrativa e institucional.
Corrían los últimos días de marzo de 1992, cuando un el juez 23 de instrucción criminal, César Tulio Lozano, ordenó la captura del entonces alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer, por el delito de peculado por apropiación, luego de que se le hubiera comprobado que autorizó desde su cargo el pago de los llamados multimillonarios auxilios a los concejales de la ciudad (más de 1.500 millones) , yendo en contravía de lo que ordenaba la recién entrada en vigencia Constitución Política de 1991.
Hoy, casi dos décadas después, la situación de la capital del país es similar o peor en lo administrativo e institucional.
Bogotá en el momento está sin su principal funcionario público: el Alcalde Mayor, porque de acuerdo al fallo del procurador Alejandro Ordóñez, Samuel Moreno, omitió hacerle seguimiento al cumplimiento de parte de los contratistas de la construcción de vías tan importantes como la remodelación de la Avenida El Dorado, tercera fase de Transmilenio.
En su lugar fue nombrada como alcaldesa encargada de Bogotá la actual ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien ocupará el cargo mientras el Polo Democrático define la terna de candidatos que serán escogidos por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Nueva alcaldesa

La salida de Moreno de la Alcaldía fue la que precisamente hizo que el presidente de la República nombrara como alcaldesa encargada a la ministra de Educación, María Fernando Campo, quien pasadas las nueve de la mañana, ante el juez primero civil municipal de Bogotá, asumió el cargo del que fue suspendido, por noventa días, Moreno Rojas.
Luego de tomar el cargo de manera formal, la alcaldesa se reunió por espacio de dos horas con el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y la procuradora delegada para la gestión pública, María Eugenia Carreño, con quienes dialogó para encontrar una asesoría sobre la forma en que se puede orientar la ciudad durante este período de interinidad.
En la tarde la alcaldesa Campo se reunió, en su primer consejo de gobierno, con todo el equipo de funcionarios de las secretarías, a quienes informó que por el momento no hará cambios en la administración.