La mañana del pasado 3 de mayo cuando se conoció la noticia de que la ciudad se quedaba sin Alcalde Mayor en propiedad, por presuntas irregularidades en sus funciones, llevó a millones de bogotanos a devolverse en el tiempo 19 años, cuando ocurrió la última crisis administrativa e institucional.
Corrían los últimos días de marzo de 1992, cuando un el juez 23 de instrucción criminal, César Tulio Lozano, ordenó la captura del entonces alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer, por el delito de peculado por apropiación, luego de que se le hubiera comprobado que autorizó desde su cargo el pago de los llamados multimillonarios auxilios a los concejales de la ciudad (más de 1.500 millones) , yendo en contravía de lo que ordenaba la recién entrada en vigencia Constitución Política de 1991.
Hoy, casi dos décadas después, la situación de la capital del país es similar o peor en lo administrativo e institucional.
Bogotá en el momento está sin su principal funcionario público: el Alcalde Mayor, porque de acuerdo al fallo del procurador Alejandro Ordóñez, Samuel Moreno, omitió hacerle seguimiento al cumplimiento de parte de los contratistas de la construcción de vías tan importantes como la remodelación de la Avenida El Dorado, tercera fase de Transmilenio.
En su lugar fue nombrada como alcaldesa encargada de Bogotá la actual ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien ocupará el cargo mientras el Polo Democrático define la terna de candidatos que serán escogidos por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
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